El presidente Javier Milei llevó a cabo el veto de la Ley de Financiamiento Universitario, tal como había anticipado previamente, lo que generó un fuerte rechazo en el ámbito académico y político. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, se realizó el último día del plazo que tenía el Gobierno para anular la ley, la cual ahora debe ser reconsiderada por el Congreso.
Contexto del Veto
La ley, aprobada por ambas cámaras del Congreso, tenía como objetivo “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales” durante 2024. Específicamente, la norma estipulaba que el Ejecutivo debía actualizar las partidas presupuestarias del año para asegurar este financiamiento, ajustando los montos de gastos de funcionamiento y salarios según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, a partir del 1° de enero y de forma bimestral hasta el 31 de diciembre.
El veto presidencial se produjo en medio de un clima de protesta, evidenciado por la Marcha Federal Universitaria que tuvo lugar el miércoles en todo el país, donde estudiantes y docentes expresaron su descontento con la decisión gubernamental.
Fundamentos del Veto
El argumento principal del presidente Milei, quien firmó el veto junto a su gabinete, sostiene que el proyecto de ley “no busca defender el financiamiento de las universidades”, sino que busca “dañar al gobierno políticamente”. El mandatario también subrayó que la discusión sobre el financiamiento debe enmarcarse en el debate del Presupuesto Nacional.
Milei hizo énfasis en la necesidad de lograr “el equilibrio fiscal”, afirmando que “no se puede gastar más de lo que ingresa”. Según sus declaraciones, la implementación de la ley demandaría un incremento de $252.000 millones para gastos de funcionamiento y $811.000 millones para salarios, sin contar las actualizaciones necesarias entre septiembre y diciembre.
El presidente argumentó que el proyecto es “manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente” por no considerar el impacto fiscal ni las fuentes de financiamiento necesarias. Cita la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar cómo se financiarán.
Consecuencias y Reacciones
El veto de la Ley de Financiamiento Universitario ahora regresa al Congreso, donde los legisladores deberán decidir si mantienen la ley o avalan el veto, similar a lo ocurrido con la reciente ley de Movilidad Jubilatoria.