El abogado Santiago Dupuy de Lome presentó la denuncia en las últimas horas, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
La conductora Viviana Canosa fue denunciada judicialmente por tráfico de influencias, tras reconocer en vivo que acudió a un funcionario nacional para gestionar un trámite personal de Lizy Tagliani, relacionado con el fallecimiento de su madre en 2011.
El abogado Santiago Dupuy de Lome presentó la denuncia en las últimas horas, según informó la Agencia Noticias Argentinas. El caso se remonta a 2011, cuando falleció Rosa Gallardo, madre de la humorista y conductora Lizy Tagliani.
Durante su programa emitido el viernes pasado por El Trece, Canosa relató que, ante la imposibilidad de obtener el certificado de defunción, recurrió a “una persona de mucha confianza” para agilizar el trámite que habilitara el velorio de la mujer.
Aunque Canosa no lo nombró directamente, se presume que la persona a la que hizo referencia sería Aníbal Fernández, quien en aquel entonces se desempeñaba como ministro de Seguridad.
“Lizy me llamó llorando y me dijo: ‘Se murió mi mamá, la llevé a la cochería pero no tengo el acta de defunción’. Podía ir presa. Llamé y resolvimos todo”, narró Canosa al aire. “Conseguí los médicos, la gente de la obra social, todo. Llevaron a la señora a la casa, firmaron los papeles y la volvieron a llevar a la casa velatoria”, agregó.
La historia tomó nueva relevancia luego de que se viralizara un audio de 2017, en el que Lizy Tagliani relató un hecho muy similar durante una entrevista en el programa La Negra Pop (Pop 101.5):
“Llamé a una amiga, le dije que estaba desesperada… la casa velatoria terminó devolviendo el cuerpo de mi mamá a casa. Después apareció un médico que firmó todo”, contó la conductora.
Aunque en ese momento Lizy no identificó públicamente a esa amiga, la coincidencia de detalles y la temporalidad del relato dieron nuevo impulso al escándalo, en medio de una reciente tensión mediática entre ambas figuras.
La denuncia apunta a esclarecer si Canosa habría utilizado indebidamente sus vínculos políticos para resolver un trámite que, en condiciones normales, hubiera demorado mucho más. De comprobarse, podría constituir una violación al principio de igualdad ante la ley y un caso de tráfico de influencias.