El gobierno de Uruguay reclamo de manera formal que se utilice la cláusula democrática sobre Bolivia y se examine si se debe sancionar a ese país como miembro del bloque regional por haber quebrantado el orden institucional tras el golpe de Estado contra Evo Morales.

La propuesta fue realizada por el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, en el marco de la reunión en la ciudad brasileña de Río Grande do Sul con sus pares de ese país, de Argentina y Paraguay. 

En ese mismo encuentro, Nin Novoa afirmó que «el Mercosur debe exigir a las autoridades de facto bolivianas el pleno respeto por los derechos humanos, el control estricto del uso de la fuerza y el cese de la represión indiscriminada contra la población civil». 

Evo Morales quien se encuentra en Mexico, opino de manera inmediata:“Saludamos tradición diplomática de Uruguay en su defensa de la institucionalidad”, escribió en su cuenta de Twitter y lo enmarcó en la reacción de “la comunidad internacional (que) rechaza la ilegal proclamación del gobierno de facto”, a cuyos funcionarios acusó de haber “pisoteado la democracia”.

Bolivia no es miembro pleno del Mercosur, a pesar de que el proceso de integración había sido impulsado durante el gobierno de Morales. El país se encuentra técnicamente en «proceso de adhesión» desde 2015, cuando firmó un compromiso para adoptar el acervo normativo del Mercosur.