Han pasado exactamente dos años, cuatro meses y cuatro días, de la ultima vez que se vio a Santiago con vida, mientras corría durante un operativo de Gendarmería en la Pu Lof de Cushamen (Chubut).

El expediente el cual se investiga su muerte (confirmada 78 días después de su desaparición con el hallazgo del cuerpo sumergido en el río Chubut)- se activa nuevamente.

La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, celebró este jueves en la sala AMIA de Comodoro Py una extensa audiencia de la que participaron la familia Maldonado y el resto de los querellantes en la causa, y también a los abogados defensores del gendarme Emmanuel Echazú.

Todas las partes se reunieron en Py porque en cada caso recurrieron el fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que pidió en septiembre pasado volver a investigar cuándo y cómo fue la muerte de Santiago Maldonado, ocurrida entre el 1 de agosto de 2017 (día de la desaparición del tatuador) y el 17 de octubre (cuando fue hallado el cadáver). Ante los jueces de Casación cada parte expuso sus argumentos. Sobresalió, lógicamente, el pedido de Verónica Heredia, abogada de la familia de la víctima, y de Sergio Maldonado, quienes insistieron para que la Justicia investigue la desaparición forzada seguida de muerte del joven de 28 años.

Tanto Heredia como las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos cuestionaron la decisión de la Cámara de Apelaciones de descartar la figura de desaparición forzada y rechazaron la decisión de los jueces de mandar a profundizar la investigación solamente respecto de una omisión del personal de Gendarmería.

Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que también integra la querella, pidió que se siga investigando a Echazú.